Se requiere que los transportadores conozcan los cambios que se avecinan en materia legislativa y todos debemos estar preparados para un paso definitivo y obligado al interior de las empresas, pues, sin duda se generarán tormentas que dejaran a mas de uno victima del naufragio, y a otros fortalecidos.
En pocos días conoceremos el texto definitivo del documento Conpes, que establecerá la política para todo el sector de pasajeros. De acuerdo al texto final se radicará en el Congreso la propuesta de modificación de la ley 336 de 1996 o Estatuto del Transporte, modificaciones que se han venido discutiendo con los diferentes gremios para que las empresas de transporte se conviertan en verdaderas empresas prestadoras de servicios y respondan por la administración de sus flotas.
Esta nueva reglamentación pretende que el Estado establezca políticas para el control de la informalidad, exigiéndole a autoridades nacionales, territoriales y locales prioridad a este tipo de acciones de control, ordenando restricciones, inmovilizando equipos, suspendiendo y cancelando licencias por reiteradas faltas o infracciones; también promueve el transporte intermodal, favoreciendo la sana competencia entre modos de transporte, así como su adecuada complementación; establece subsidios a determinados usuarios y se propone toda una política para la regulación del transporte masivo, metros y tren de cercanías. En materia de conductores todo un cambio se avecina, pues el proyecto contempla el adecuado manejo de los recursos humanos para que el oficio del conductor se profesionalice con la tecnificación y capacitación.
Este proyecto obligaría a las empresas de todas las modalidades a contar con sus propios programas de reposición y chatarrización, dando a su vez herramientas económicas para que todos estos procesos de modernización se lleven a cabo, obligando a las autoridades de transporte a nivel nacional y territorial a contar con una dependencia encargada de evaluar y estudiar periódicamente la variación de la canasta de costos del transporte público en sus diferentes modalidades.
Así mismo se está a la espera de que conjuntamente con este proyecto, se radique en el Congreso el texto definitivo de la regulación en materia de sanciones que ampliará la vigilancia a los importadores, ensambladores y fabricantes de chasis, carrocerías y vehículos; operadores portuarios, personas naturales o jurídicas que presten servicio público de transporte sin contar con la respectiva habilitación, permiso o registro; a los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y Municipales; Organismos de Tránsito, Centros de Reconocimiento de Conductores, Centros de Diagnóstico Automotor, Centros de Enseñanza Automovilística entre otros.
Ambos proyectos pueden ser consultados a través de este sitio web donde publicaremos sus comentarios.
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